El pasado martes 9 de enero, se vivió una ola de violencia en Ecuador con varios hechos lamentables que podemos catalogar como actos terroristas cometidos por carteles del narcotráfico y la delincuencia organizada; son terrorismo porque no fueron ataques contra instituciones del Estado solamente, sino que buscaron objetivos educativos, de comunicación y transporte con el fin de causar el mayor terror posible entre la población.
Los actos estremecieron a toda Latinoamérica, tanto por los hechos como por evidenciar que el narcotráfico es actualmente el principal enemigo de los países latinoamericanos. En Ecuador la situación se estuvo gestando por años: en los gobiernos de Rafael Correa se hicieron cambios en el sistema de justicia que inicialmente permitieron una reducción de la violencia, sin embargo, después estas condiciones permitieron el fortalecimiento y expansión de las organizaciones criminales.
Ecuador se convirtió en una pieza clave del narcotráfico en Sudamérica cuando se hicieron más intensos los operativos policiacos y militares en las rutas “tradicionales” como eran Colombia y el Caribe. Las consecuencias de esto las vimos el 9 de enero, actos que fueron la forma en que el crimen le declaró la guerra al Estado ecuatoriano ante su intención de realizar operativos de seguridad en el marco del estado de excepción.
Así como Estados Unidos identificó al terrorismo como su principal enemigo a inicios del Siglo XXI, ahora Latinoamérica identifica al narcotráfico como tal, debido a que es un actor no estatal poderoso por sus enormes ingresos monetarios y con tentáculos por toda la región, además de que se configura por organizaciones que se van expandiendo con filiales, células y escisiones.
Afortunadamente el Estado ecuatoriano y sus instituciones pudieron resistir, pero tienen un enorme reto por delante, uno cruento que solo países como Colombia y México han tenido que enfrentar en las últimas décadas. Sin embargo, Ecuador se encuentra en una posición de debilidad gracias al desorden de sus políticos: durante 2022 y 2023 el correísmo hizo hasta lo imposible para derrocar al presidente Guillermo Lasso, quien al final optó por la “muerte cruzada”, la cual puso fin a su mandato, pero también al del Congreso.
Ese caos político dejó como nuevo presidente a Daniel Noboa, un mandatario con menos de dos meses en el poder y que tendrá un mandato de apenas 18 meses. Es este presidente, ese gobierno y ese Estado el que está enfrentando una amenaza tan grave que el propio Noboa se vio obligado a declarar el estado de conflicto interno, que en otras palabras significa poner al país en un estado de guerra interna.
Noboa no está sobre reaccionando, el riesgo de que Ecuador viva episodios aun más cruentos es real y están en duda las capacidades que tiene el Estado para reaccionar. Este es el motivo por el que varios países de la región han ofrecido su ayuda; después de todo, las condiciones están dadas para que lo ocurrido en Ecuador también suceda en países como Argentina, Colombia, México, Perú, Venezuela y Centroamérica entera.
Secretaría de Asuntos Internacionales
CEN del PRI