La historia de la democracia guatemalteca es reciente, arranca en 1986 con el final de la dictadura militar y los siguientes gobiernos civiles. En casi 37 años el país ha tenido 12 presidentes, tres de los cuales han sido independientes y/o con mandatos interinos.
Además, en esos 37 años todos los mandatarios han provenido de diferentes partidos políticos, por lo que jamás un partido ha gobernado durante más de un mandato. Esto en parte evidencia uno de los grandes problemas de Guatemala: la falta de instituciones sólidas, un reto que se extienda a todos los temas de interés público.
Esta debilidad institucional ha provocado el romance entre políticos y empresarios, dando rienda suelta a la corrupción al punto que en 2015 el presidente Otto Pérez Molina (exmilitar) tuvo que renunciar ante las protestas sociales, impulsadas por las investigaciones que demostraban que Pérez y su vicepresidenta eran la cabeza de una red de corrupción. Dicha investigación se logró gracia a la CICIG, una comisión anticorrupción con sede en el país impulsada por la ONU.
Las élites guatemaltecas aprendieron de la caída de Pérez, por lo que políticos, militares y empresarios se aliaron para lograr que quienes llegaran a la Presidencia mantuvieran su pacto de impunidad y negocios. Así llegaron al poder Jimmy Morales, quien sacó a la CICIG del país, y Alejandro Giammattei.
En junio de 2023 se realiza la 1ra vuelta presidencial y todas las encuesta se equivocaron y Bernardo Arévalo (SEMILLA) pasa a la 2da vuelta como segundo lugar con 15.5%, contra el 29.1% de Sandra Torres (UNES). Este resultado fue un hito, ya que nunca dos partidos de izquierda habían clasificado al balotaje, por lo que se encendieron las alarmas en el establishment guatemalteco.
En la 2da vuelta Arévalo arrasó con 60.9%, contra el 39.1% de Torres. Este resultado no solo fue avalado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), también por las diferentes misiones internacionales de observación electoral de la OEA, la UE y la COPPPAL (donde participó el PRI). Sin embargo, el gobierno de Giammattei utilizó al Ministerio Público (MP) para ir contra Arévalo y SEMILLA e intentar dinamitar que pueda llegar a ser presidente.
Giammattei y las élites guatemaltecas temen que Arévalo desate una “cacería” de corruptos, lo que los pone nerviosos. Por esto es que echaron a andar dos planes:
1. Invalidar la elección utilizando a SEMILLA, acusando al partido de haberse formado usando firmas ilegales de simpatizantes. Si esto fuera así, entonces SEMILLA no debía existir durante las elecciones y, por tanto, Arévalo no debió ser candidato y menos aún ganar.
2. Invalidar la elección asegurando que hubo irregularidades durante el conteo de los votos. Es decir, acusan a Arévalo de haber hecho un típico fraude electoral.
Este plan no es otra cosa que la preparación de un golpe de Estado para impedir, cueste lo que cueste, que Arévalo se juramente como presidente en enero de 2024. Sin embargo, este plan es absolutamente ilegal, ya que la Constitución establece con claridad que solo el TSE tiene atribuciones en materia electoral, incluyendo lo que ocurre con las elecciones, su resultado y la vida interna de los partidos políticos.
El TSE ha validado la elección y declarado a Arévalo como presidente electo, también ha aclarado que aunque SEMILLA perdiera su registro como partido político, eso no anularía el triunfo de Arévalo. Ante esto el MP de Giammattei ha realizado cateos en las oficinas del TSE y secuestrados las cajas con las actas de los centros de votación.
Es previsible que en semanas o meses el MP informe que “descubrió” que SEMILLA se constituyó de forma ilegal o que Arévalo realizó un fraude electoral, por lo que ordenará la anulación de la elección y su repetición. Un golpe de Estado en toda regla, aunque “innovador” al utilizar a la Justicia como lanza para herir a la democracia. Si esto ocurre, Guatemala se sumará a Nicaragua y El Salvador como el tercer país centroamericano que cae en una deriva antidemocrática.
Secretaría de Asuntos Internacionales
CEN del PRI